Los jueces de una corte venezolana de lo Contensioso y Administrativo, Ana María Ruggeri, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz, expresaron su satisfacción por la sentencia a su favor y su “ deseo irrevocable de ingresar al Poder Judicial ” nuevamente, según dijeron en una rueda de prensa.

Los juristas fueron cesados por “ haber incurrido en un error judicial inexcusable ” en un caso de compraventa de un terreno, según lo expresado por el Estado, en un fallo recurrido ante la CIDH en abril de 2004.

La Corte Interamericana hizo lugar al pedido y sentenció que los jueces deben ser repuestos en sus cargos e indemnizados con 5 000 dólares cada uno “por concepto de costas y gastos” del juicio.

“Renunciamos públicamente a cualquier cantidad de dinero que signifique no reintegrarnos” a la Corte de lo Contencioso Administrativo de Venezuela, de la cual fueron despedidos en 2003, subrayó Apitz.

“Venezuela debe cumplir esta decisión. Venezuela debe honrar sus compromisos como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ” , añadió Ruggeri.

Los tres jueces alegaron que su destitución obedeció a “razones políticas” y que “se les sometió a un proceso inédito, desprovisto de garantias ” .

Pese al fallo adverso al Estado, la CIDH dictaminó que “ no ha quedado establecido que el Poder Judicial (venezolano) en su conjunto carezca de independencia ” , tal como denunciaron los demandantes.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela replicó que la CIDH dejó en claro “ que el Estado venezolano no violó el derecho a estos ciudadanos a ser juzgados por un tribunal competente ” , según un comunicado difundido el viernes, pero no adelantó cual será su posición sobre la restitución de los magistrados.